La decisión de poner fin a la iniciativa Yasuní-ITT, que impedía la explotación petrolera de la región amazónica, fue uno de los grandes renunciamientos de Rafael Correa.
El presidente había hecho del ecologismo y de la denuncia contra Chevron por contaminar el país un eje de su política. Por eso, el anuncio de que el Estado comenzaría a extraer crudo de la ex zona protegida le generó muchos inconvenientes con sectores indigenistas y ambientalistas que lo apoyaban.
Pero las protestas no fueron escuchadas y la oposición política no fue capaz de articularlas. Semanas después de que el Gobierno se viera en aprietos al firmar el decreto que revocaba la iniciativa de mantener el petróleo bajo tierra, hoy parece tener el camino despejado para aprobar en la Asamblea Nacional el comienzo de los trabajos de extracción.
Entre ese 15 de agosto y este 3 de octubre, el gobierno logró poner en funcionamiento su aceitada maquinaria política para ganar los apoyos que necesitaba y desconcertar a sus detractores. Una de las claves fue su capacidad para vender los beneficios sociales que traería la explotación, que beneficiaría a las localidades más pobres con los recursos obtenidos, según informa El Comericio. Otra, instalar en la sociedad la idea de que el impacto ambiental será nulo.
De esta manera consiguió que el apoyo ciudadano al giro gubernamental se ubique por encima del 56%. Por eso todo indica que la idea opositora de convocar a una consulta popular para decidir si avanzar o no con el proyecto está destinada al fracaso.
También terminó en fiasco la intención de presentar una estrategia legislativa conjunta.
Así, a menos que ocurra algún evento extraordinario, el oficialismo no tendrá trabas para imponer su proyecto petrolero.
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